Ante
la posibilidad de un incremento en el costo del servicio, el Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso exhortar a la Junta de
Coordinación Política del Congreso mexiquense a crear la Comisión Especial para
la Revisión y Seguimiento del Aumento a la Tarifa del Transporte Público en el
Estado de México y su Aplicación.
La
iniciativa, presentada por la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) durante la
sesión de la Diputación Permanente, señala que diversas organizaciones de
transportistas han propuesto un aumento en la tarifa, pasando de 12 a 16 pesos
por viaje. No obstante, el Código Administrativo del Estado de México establece
que dichos incrementos deben ser justificados, en función de la calidad en la
prestación del servicio y de las necesidades públicas.
Por
lo anterior, el documento enfatiza que, por ser una medida problemática, de
alto impacto social y de complejo seguimiento en su funcionamiento, es urgente
discutir este posible aumento en una comisión especial de la LXII Legislatura
mexiquense.
La
propuesta subraya que, para la bancada de MC, los “tarifazos” —que solo afectan
negativamente a la ciudadanía— no representan una solución al problema
estructural de la movilidad. Además, se cuestiona la justificación de pagar 12
pesos por viajar en unidades en mal estado, que presentan graves deficiencias
como falta de higiene, condiciones de inseguridad que favorecen asaltos, acoso
sexual y accidentes automovilísticos.
En
su participación, la parlamentaria subrayó que es necesario legislar para
establecer tarifas preferenciales para grupos vulnerables, estudiantes y
personas adultas mayores; dar seguimiento a proyectos como el Metromex y el
Mexibús para Toluca; extender las líneas existentes en el Valle de México; así
como diseñar una estrategia que permita la inversión en transporte público no
concesionado.
De
igual manera, propone reformar las atribuciones de la Junta de Caminos del
Estado de México con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial,
peatonal y ciclista. También para combatir la corrupción y la operación de
rutas de taxis y transportes irregulares.
Enfatizó
que “ya basta de cargarle siempre la mano a las y los ciudadanos” y agregó que
no debe haber excusas ni argumentos en contra que impidan avanzar hacia una
legislación integral que garantice el derecho a una movilidad accesible.
En
este sentido, la legisladora recordó que el GPMC presentó —el pasado 27 de
febrero— una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del
Estado de México y sus Municipios, con el fin de establecer límites
legislativos en las concesiones, subsidios y expropiaciones, para regular los
costos del transporte público y las cuotas de peaje en autopistas.
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