La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de
Justicia del Estado de México inició el análisis de dos iniciativas que buscan
reformar el Código Civil y el Código Penal de la entidad.
La primera iniciativa en análisis, propone reformar los artículos
3.38 bis y 3.38 ter del Código Civil del Estado de México, esta reforma busca
agilizar el procedimiento de modificación del nombre propio, ya que, el derecho
al nombre es esencial para el reconocimiento individual y el acceso a servicios
básicos, siendo especialmente relevante para niñas, niños y adolescentes, así
como para miembros de la comunidad LGBTIQ+.
“Lo cierto es que al tratarse de un tema de derechos
fundamentales, máxime que el nombre se trata de un derecho que potencializa el
acceso a otras prerrogativas estatales, su resolución no puede ser pro
prolongada y debe resolver en un tiempo y de manera cierta. Por lo anterior
expuesto, reformar el artículo 3.38 bis en sus fracciones segundo y tercero
para incluir como parte interesada para las personas menores de 12 años a quien
ejerza la tutela legal.”
La iniciativa plantea reducir el tiempo de resolución de los
trámites de 30 a 15 días hábiles y eliminar el consejo dictaminador, facultando
únicamente a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México para
llevar a cabo el procedimiento, además, se busca incluir la tutela legal como
parte interesada para menores de 12 años y establecer la gratuidad del proceso.
Durante el debate, la legisladora Miriam Silva Mata consideró
que esta reforma se alinea con el artículo cuarto constitucional y las
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2020 han
establecido que la modificación del nombre debe ser un trámite sencillo. Por su
parte, el legislador Octavio Martínez Vargas apoyó la iniciativa, señalando que
actualmente el proceso es un "viacrucis" para muchos ciudadanos,
especialmente adultos mayores. Mencionó como ejemplo el avance del Instituto
Nacional Electoral al permitir la identificación con el sexo no binario, lo que
demuestra la necesidad de progresar en la protección de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, la propuesta de eliminar el consejo dictaminador
generó preocupación, pues se argumentó que su existencia garantiza un análisis
multidisciplinario que aporta certeza jurídica y humanismo al proceso,
revisando que las solicitudes estén bien sustentadas y previniendo fraudes o
suplantaciones de identidad.
El segundo punto abordó la iniciativa que busca reformar el
primer párrafo y la fracción quinta del artículo 204 del Código Penal del
Estado de México, con el objetivo de fortalecer las sanciones por obligar,
procurar, inducir, coaccionar, solicitar, gestionar, ofertar, facilitar o
consentir el matrimonio o concubinato, así como la cohabitación forzada de una
persona menor de edad.
Se destacó que, según datos de 2024, el Estado de México
registró más de 2400 carpetas de investigación por abuso sexual, siendo una de
las tres entidades con mayor número de casos a nivel nacional. La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México reportó que el 41% de estos casos
involucraban a personas con autoridad o confianza sobre la víctima, como docentes,
entrenadores servidores públicos o cuidadores.
La reforma busca armonizar la legislación estatal con los
estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de la niñez y
adolescencia, aumentando las penas base de prisión y multa.
“El artículo cuarto constitucional y Convención sobre el
Derecho del Niño. Las penas bases que van de los cuatro de los dos a los cuatro
años de prisión y de 500 a 2000 días de multa, significa que la sanción puede
alcanzar hasta 22 años de prisión y 6000 días de multa en su grado máximo con
esta reforma”, señaló la diputada proponente Emma Laura Álvarez Villavicencio.
Por su parte, a legisladora Miriam Silva Mata expresó su
total acuerdo con la iniciativa, resaltando la problemática de los matrimonios
infantiles y la necesidad de que el Estado ejerza una mayor protección hacia
las niñas, niños y adolescentes; y subrayó que, aunque existen marcos legales y
tratados internacionales, estos se quedan en "letra muerta" si no se
implementan leyes efectivas.
El diputado Octavio Martínez Vargas, por su parte, aunque
reconoció la importancia de la iniciativa, advirtió sobre la realidad de los
nacimientos de menores de edad en el estado, especialmente en zonas urbanas, mencionó
que el Hospital de las Américas en Ecatepec registra mil 200 nacimientos
mensuales, de los cuales el 70% son de madres menores de edad, por lo que instó
a analizar la iniciativa con detenimiento y a considerar la opinión del Poder
Judicial, así como datos sobre la realidad de los nacimientos de jóvenes, para
evitar criminalizar situaciones complejas sin abordar las causas subyacentes.
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Diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (Foto: especial legislatura).
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