Como
parte de las transformaciones impulsadas en el estado de México desde los
poderes Legislativo y Ejecutivo, este será el primer año en la historia
reciente de la entidad en el que el ‘Día de la Libertad de Expresión’ (7 de
junio) se celebre sin una limitación a este derecho, debido a que la LXII
Legislatura mexiquense aprobó la eliminación del delito de ultrajes el pasado 6
de febrero.
De
acuerdo con las iniciativas del Grupo Parlamentario de MC, y de la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez, la derogación de este delito evita restringir, de manera
desproporcionada, la libertad de expresión, pues criminalizaba la crítica hacia
las personas servidoras o instituciones públicas.
De
igual manera, se preservan y fortalecen los derechos humanos y la libre
expresión, al eliminar las sanciones de hasta dos años de prisión para quien
ejecutara ultrajes contra instituciones públicas, y de hasta un año de prisión
para quien los cometiera en contra de una persona servidora pública.
Por
esta reforma, los poderes Legislativo y Ejecutivo fueron reconocidos por la
oficina en México del alto comisionado de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) para los Derechos Humanos, pues, a través de su cuenta de la red social
X (@ONUDHmexico), se señaló que cumple con las recomendaciones internacionales
en derechos humanos y libertad de expresión.
“Saludamos
este avance del @legismex y reconocemos a las instancias que lo impulsaron,
incluido el Mecanismo de Protección del #Edomex, @CJ_Edomex y la Gobernadora
@delfinagomeza”, se publicó en la cuenta el 6 de febrero.
Además,
llamaron a las entidades del país que aún mantienen delitos contra el honor a
derogarlos, pues suelen usarse para criminalizar a periodistas y a personas
defensoras de Derechos Humanos.
En
este sentido, esta aprobación es acorde con la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que declaró, en febrero de 2022, inconstitucional esta
figura en referencia al Código Penal del Estado de Veracruz, por considerar que
coarta la libertad de expresión y el derecho a la crítica, y no cumple con los
principios de legalidad y seguridad jurídica.
En
México la Constitución federal garantiza este derecho, que implica la libertad
de buscar, recibir y difundir información e ideas sin censura previa, lo que
quiere decir que ningún gobierno puede controlar la información antes de que
sea publicada o difundida, así como la importancia de proteger a personas
periodistas y defensoras de derechos humanos, así como su labor.
Cabe
señalar que, en la entidad, el ultraje era considerado un delito que se definía
como toda expresión, directa o indirecta, o toda acción ejecutada contra alguna
persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones
públicas, que pudiera implicar ofensa o desprecio.
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