Para proteger el medio ambiente, durante la LXII Legislatura mexiquense se han aprobado reformas para incrementar las penas por tala clandestina; otorgar bolsas de plástico de un solo uso; regular el uso de cañones antigranizo y avionetas antilluvia; imponer trabajo comunitario a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos en sitios no autorizados; impulsar la educación ambiental en escuelas; garantizar el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de ecosistemas, y promover una agricultura sostenible.
En el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente (5 de junio), cabe señalar el trabajo que las, le y los
diputados locales han impulsado desde el Congreso mexiquense en este tema, como
la aprobación de hasta 20 años de prisión y mil 500 días multa para quien, sin
autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la
transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o
destrucción de productos de los montes o bosques, con lo que se busca disuadir
y reducir las conductas delincuenciales medioambientales.
Este
dictamen, elaborado con las propuestas presentadas por la diputada Gloria
Vanessa Linares Zetina (PVEM) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, considera
agravantes por diferentes motivos, los cuales pueden acumular penas de hasta
110 años de prisión.
También,
para evitar desequilibrios ecológicos e impactos negativos al medio ambiente,
se avaló la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o
cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya
aplicación requerirá un permiso o, de lo contrario, habrá sanciones de hasta
seis millones 222 mil 700 pesos (55 mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente). El dictamen conjuntó las iniciativas de la
bancada del PVEM, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada
Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora.
Por
otro lado, a propuesta de las bancadas de PVEM y MC, y de la titular del
Ejecutivo estatal, se avaló una sanción de hasta 339 mil 420 pesos a quien
otorgue, de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades
económicas, excluyendo bolsas o contenedores que constituyan un empaque
primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene
o salud se requieran, así como bolsas de acarreo que cumplan las normas
ambientales.
Además,
quien realice estas acciones se hará acreedora o acreedor a la clausura
temporal o definitiva, parcial o total de los establecimientos, o la
cancelación de las autorizaciones de aprovechamiento o uso de la inscripción
registral o de las actividades de que se trate las personas físicas o jurídicas
colectivas.
A iniciativa de la bancada del PVEM
y de la gobernadora, se avaló que las autoridades competentes sancionen con
trabajo comunitario, en materia de protección y preservación del ambiente en el
espacio afectado, a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos de
cualquier especie en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas,
despoblados y, en general, en sitios no autorizados.
Asimismo, conforme a la propuesta de
la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Pablo Fernández de
Cevallos González, integrante y coordinador parlamentario del PAN,
respectivamente, se aprobó garantizar el derecho de las comunidades a
participar en la restauración y protección de los ecosistemas, e impulsar una
agricultura sostenible en los municipios, vinculando esfuerzos gubernamentales,
ciudadanos y empresariales.
Finalmente, resultado de una
iniciativa del Ejecutivo, se impulsó la educación ambiental en planes escolares,
y la protección de áreas naturales mediante estudios técnicos coordinados con
los municipios, dependencias federales y estatales competentes, así como
sectores público, privado y social.
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