El
diputado Maurilio Hernández González (morena),
presidente de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, y la
diputada Ruth Salinas Reyes (MC), presidenta de la Comisión Legislativa de
Derechos Humanos, coincidieron en la relevancia de fortalecer la figura de
testigos sociales en el marco jurídico, pues son un mecanismo de participación
ciudadana para minimizar riesgos de opacidad y corrupción.
Durante
el foro "Testigos Sociales como Mecanismo de Participación Ciudadana en la
Gestión de las Contrataciones Públicas", celebrado en el Congreso
mexiquense, concordaron en que se debe robustecer el marco jurídico y las
funciones del testigo social, con más capacitación y mayor presencia en las
oficialías, en los organismos autónomos y en los ayuntamientos, para los
procedimientos de licitaciones y contrataciones públicas.
Explicaron
que, con la reciente aprobación de la extinción del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (Infoem), se tienen que impulsar leyes secundarias en la
materia, como el incluir la obligatoriedad de la presencia de testigos sociales
en procedimientos de contrataciones públicas.
El
parlamentario Maurilio Hernández enfatizó que esta figura es un mecanismo
ciudadano que coadyuva al control de la función pública en materia de
adquisiciones y licitaciones. Indicó que la Universidad Autónoma del Estado de
México y el Infoem son los entes establecidos para certificar a los testigos
sociales, lo cual se tiene que subsanar con ajustes al marco legal.
Al
informar que la bancada de MC presentará una iniciativa en la materia, la
legisladora Ruth Salinas resaltó que, con diálogo directo entre ciudadanía y
gobierno, es posible saber en qué y cómo se gasta el dinero público, por lo que
se requiere más personas ciudadanas en los procesos de licitación de obras,
bienes y servicios públicos. Adelantó que para la construcción de esta
propuesta realizará diversos foros en un formato de parlamento abierto.
Ante
representantes de los poderes del Estado y de diferentes sectores sociales, Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración
y Finanzas del Poder Legislativo, compartió que, en el Congreso mexiquense hubo
11 licitaciones públicas (en 2024) con presencia de testigos sociales, dada su
importancia en la transparencia y rendición de cuentas hacia la población.
Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), señaló que la figura
del testigo social data del 2000 y fue regulada por primera vez por la
Secretaría de la Función Pública en 2004, además que es indispensable para
abonar a la transparencia y acreditar economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez. Destacó la importancia de la participación ciudadana
y su capacitación en temas en los que se involucrarían como testigos sociales,
para contar con perfiles adecuados y prevenir el conflicto de intereses.
Juan
José Hernández Vences, contralor del Poder Legislativo, resaltó que en el foro
se refuercen ideas para generar mejoras a la legislación que regula este
mecanismo de participación ciudadana, e invitó a mantener a la contratación
pública como un ejemplo de gestión abierta, transparente y responsable, lo que se
traduce en mayor confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
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