La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres del Partido
Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para reforzar la protección de
los derechos laborales y el derecho a la educación de las mujeres víctimas de
violencia, que también considere a sus hijos.
La propuesta busca adicionar una fracción VII al artículo 20
Bis y un artículo 32 Quindecies a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de México (LAMVLVEM).
De acuerdo con el texto, se subraya la urgencia de tomar
medidas efectivas y contundentes para erradicar la violencia contra las
mujeres, una problemática que lesionan gravemente a la sociedad y exige cambios
sustantivos en las relaciones sociales.
Se agrega que la violencia contra las mujeres tiene un
impacto multidimensional, afectando su participación en actividades económicas
y su condición laboral, además que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) señala que este problema provoca baja productividad, pérdida de días
laborales, inasistencia y retardos.
A nivel económico, las violencias contra las mujeres en
México implican pérdidas estimadas superiores a los 245 mil millones de pesos:
“La mayoría de las veces se limita su capacidad para cumplir
responsabilidades o, incluso, las orilla a abandonar el empleo; con ello viene un daño económico, que trasciende la
economía individual para
afectar la economía de la comunidad. Estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
añaden a la lista de efectos de las violencias la baja productividad, la pérdida de días laborales, la
inasistencia, los retardos,
entre otros. La misma OIT enfatiza que dichos efectos llegan a costarle a
las naciones alrededor de un 3.5% de
su PIB; otras fuentes señalan que las pérdidas económicas rebasan el 5%.5 En México, por ejemplo, se estima que las
violencias contra las mujeres
implican pérdidas superiores a los 245 mil millones de pesos.”
En la
iniciativa, también se establece que según datos del INEGI de 2021, el 70.1%
de las mujeres mayores de 15 años en México habían experimentado al menos un
incidente de violencia, y específicamente, el Estado de México presenta la
mayor prevalencia de violencias contra la mujer a lo largo de su vida,
alcanzando el 78.7%.
En el ámbito laboral, señala que tres de cada diez mujeres han enfrentado violencia a lo largo de su vida, la discriminación es la forma más común, donde el 18% de las trabajadoras mexicanas ha confrontado al menos un acto, y esta proporción se eleva al 24% entre mujeres de 25 a 34 años; además que, un estudio en zonas industriales del Edomex reveló que el 44.89% de las mujeres fue víctima de acoso, tocamientos o violencia sexual en el trayecto a sus centros de trabajo.
Nuevos Derechos para
las Víctimas
La adición propuesta a la LAMVLVEM establece un propósito
explícito para los modelos de prevención y atención: evitar la revictimización
en los espacios educativos o de trabajo, salvaguardando los derechos laborales
y el derecho a la educación de las víctimas y sus hijas e hijos.
Mientras que el nuevo Artículo 32 Quindecies detalla los
derechos específicos que se otorgarían a las trabajadoras víctimas de
violencia:
-Derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.
-Movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo.
-Adaptación de su cargo.
-Suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo.
-Extinción del contrato de trabajo.
-Apoyos que precisen para su adecuada reincorporación.
Además, se establece que la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México y la Secretaría de las Mujeres del Estado de
México, en el ámbito de sus competencias, serán responsables de brindar el
acompañamiento necesario para garantizar estos derechos; esto incluye la justificación
de las ausencias o permisos especiales relacionados con la protección de la
víctima.
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Foto: redes JAFT
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