En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, feministas del Estado de México
denunciaron las persistentes violencias que afectan a mujeres y personas
gestantes, a un año de las reformas legislativas en materia de la interrupción
legal del embarazo (despenalización) en la entidad.
Las organizaciones expresaron preocupación por la falta de
acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de su
reconocimiento legal, y señalaron que mujeres y personas gestantes enfrentan negativas
de atención, desinformación y maltrato en instituciones de salud, por lo que acusaron
que el personal médico reproduce violencia institucional al informar
erróneamente que la Interrupción Legal del Embarazo "no es legal".
Exigieron al gobierno del Estado de México y a sus instituciones
el acceso real a abortos libres, seguros y gratuitos, solicitando que la
interrupción voluntaria del embarazo se trate como una urgencia médica para
evitar barreras burocráticas; y denunciaron que las insuficiencias
institucionales provocan traslados forzados a otros estados y riesgos que
resultan en maternidades forzadas.
Asimismo, demandaron el reconocimiento y protección de la
labor de las acompañantes independientes de aborto, quienes brindan apoyo ante
la insuficiencia institucional, y centraron su llamado en la exigencia de
acciones que garanticen que el derecho a decidir sea accesible y garantizado.
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