El Poder Ejecutivo envió una iniciativa a la Cámara de
Diputados con el objetivo principal de armonizar la legislación estatal con el
modelo nacional de seguridad pública para dotar de claridad constitucional a
los objetivos y parámetros de actuación en materia de seguridad pública,
asegurando que el orden jurídico estatal responda a las exigencias del contexto
actual, a las demandas ciudadanas y a las directrices establecidas en el Plan
de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2023-2029.
La iniciativa busca adecuarse a las bases mínimas del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluyen selección, ingreso,
formación, permanencia, certificación, profesionalización, intercambio de
información, sistemas criminalísticos, participación ciudadana y uso adecuado
de fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
Establecer normas que aseguren la certificación policial, la
interoperabilidad de bases de datos, la transparencia en el uso de recursos
federales y la coordinación efectiva con la Federación y municipios.
Alinear la actuación de las instituciones de seguridad
pública con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos
humanos.
Además, busca considerar la incorporación constitucional de
la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública de carácter permanente
bajo dirección militar, pero con formación policial, lo que incide directamente
en la coordinación operativa entre la Federación y las entidades federativas.
Así como acatar el decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad
pública, publicado el 31 de diciembre de 2024.
La iniciativa alineará la normatividad estatal con la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que articula los ejes,
objetivos y líneas de acción para la política de seguridad pública en el país,
basándose en sus cuatro ejes rectores: atención a las causas, consolidación de
la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y
coordinación absoluta entre el gabinete de seguridad con las entidades
federativas.
Finalmente, buscará fortalecer los mecanismos de coordinación,
participación en mesas de paz, flujos obligatorios de información y acciones
conjuntas con la Guardia Nacional y demás instituciones; y modernizar el marco
jurídico en materia de seguridad para fortalecer las capacidades de las
instituciones de seguridad estatales y la coordinación interinstitucional,
dotando a la policía de herramientas jurídicas necesarias y proponiendo
políticas públicas de prevención, investigación y control del delito y la
violencia.
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