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El diputado Valentín Martínez Castillo presentó ante la soberanía local una iniciativa de reforma integral que busca reconocer la paz como un derecho humano y elevarla a rango constitucional en la entidad. La propuesta tiene como objetivo principal institucionalizar las estrategias de seguridad actuales para que trasciendan los cambios de administración y se consoliden como una política de Estado permanente.
“Esta información es también un reconocimiento al trabajo de
nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez y la coordinación
efectiva con el gobierno de México que preside la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo. Precisamente por ello, porque hay avances y porque hay una estrategia
que está dando resultados, estamos obligados a dar el siguiente paso, es decir,
consolidar la construcción de la paz como una política de estado,
institucionalizarla y elevarla a rango constitucional para que no dependa de
coyunturas ni de cambios de administración.”
Estos avances en seguridad, señaló, sustentan la propuesta y
destacó que la estrategia de seguridad estatal ha dado resultados tangibles,
reportando una reducción del 22% en delitos de alto impacto, y que entre los
logros mencionados sobresalen:
·
Disminuciones en robo de vehículo con violencia,
extorsión, secuestro y feminicidio.
·
Una reducción del 32% en homicidios dolosos en
algunas regiones.
·
El caso de Toluca, que a inicios de 2026
registró su nivel de incidencia delictiva más bajo en una década, con una
reducción cercana al 25%.
·
Mejoras en la percepción de seguridad en
municipios como Ecatepec, Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, según datos
del INEGI.
La iniciativa plantea modificar la Constitución local
(adicionando el artículo 5 Bis), la Ley de Seguridad del Estado de México y la
Ley Orgánica Municipal, siendo uno de los puntos más relevantes, la
formalización de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz como
instancias permanentes del sistema estatal de seguridad.
De aprobarse la reforma, los presidentes municipales tendrán
la obligación legal de asistir y presidir dichas mesas de trabajo diario, bajo
el principio de que la seguridad pública debe ser una "zona de neutralidad
política".
Martínez Castillo subrayó que la estrategia actual,
coordinada entre los gobiernos estatal y federal, privilegia el uso de la inteligencia
y la atención a las causas de la violencia, dejando el uso de la fuerza como
último recurso.
"Se trata de proteger la vida, la familia y el
patrimonio de las y los mexiquenses, de fortalecer el tejido social y de
generar condiciones para el desarrollo", concluyó el diputado.
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