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De acuerdo con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irving Espinosa Betanzo, quién encabezó la inauguración del Encuentro con Autoridades Indígenas Municipales del Estado de México, celebrado este viernes en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (Cieap) de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó la importancia de la justicia social como eje rector de la paz y la convivencia democrática en el país.
Durante el acto inaugural, señaló que estos espacios permiten a la ciudadanía y a la academia evaluar el desempeño del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos. En su intervención, enfatizó que los derechos no son concesiones, sino conquistas que deben protegerse activamente desde las instituciones y la sociedad civil.
"Es a través de estos diálogos que sobre todo la ciudadanía y la academia pueden advertir si efectivamente se está cumpliendo este cambio que tanto queremos. (...) Es producto de la justicia social; sin justicia social no puede haber paz social".
Espinosa Betanzo abordó los retos cotidianos que enfrentan las comunidades, como el acceso a servicios básicos y la validez de sus sistemas normativos internos.
Subrayó que la reforma de 2024, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, marca una transformación profunda en la estructura social de México.
Expuso casos recientes analizados por la SCJN, destacando que el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho obliga a todas las autoridades del estado mexicano a garantizarlos, independientemente de que existan o no normativas federales, locales o generales específicas en la materia.
Por su parte, Arlen Siu Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), destacó que la institución mantiene una visión de democracia incluyente y de puertas abiertas. En su mensaje, subrayó que la representación indígena es el resultado de décadas de lucha colectiva para transitar de un reconocimiento simbólico a uno como sujetos plenos de representación política.
"La representación política no puede ser completa si no es incluyente; la democracia solo alcanza su plenitud cuando reconoce la diversidad", señaló.
Resaltó principios como el pluralismo cultural y la libre determinación, reafirmando el compromiso del Tribunal de garantizar mecanismos efectivos de participación y una justicia electoral sensible a los contextos y sistemas normativos internos de los pueblos originarios mexiquenses.
Mientras que, Berenice Dávalos Vázquez, presidenta de la Sala Regional Toluca del TEPJF, reconoció la persistencia de los liderazgos indígenas en la lucha por sus derechos, explicó que el encuentro busca establecer un diálogo directo con representantes municipales para conocer sus desafíos ante los ayuntamientos y difundir herramientas de defensa jurídica y política.
"Es sumamente valioso y enriquecedor escucharlos desde la sala regional, también es importante encontrar las sinergias y los vínculos y las conexiones con todas las autoridades", afirmó.
La magistrada enfatizó la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen en comunión y generen sinergias para eliminar los obstáculos que enfrentan las comunidades originarias, promoviendo una justicia electoral efectiva que trascienda el ámbito administrativo y garantice sus derechos humanos.
El Coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Uaemex, informó que el encuentro busca generar un espacio de diálogo técnico y académico, por lo que, subrayó la importancia de las mesas de trabajo para analizar la situación de estas poblaciones.
"Deseamos se den las mejores exposiciones temáticas y desde luego que sus conclusiones contribuyan a que se propongan más y mejores políticas públicas en la materia". El objetivo final, refirió, es que los análisis realizados por los especialistas y autoridades deriven en propuestas concretas para mejorar la administración pública estatal.
En su oportunidad, Ausensio Valencia Largo, presidente del Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México, destacó la reciente reforma local que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y autonomía. No obstante, demandó que las leyes secundarias sean consultadas directamente con las comunidades y exigió la asignación de presupuestos justos para que los derechos se traduzcan en acciones concretas.
"Exigimos un presupuesto digno y justo porque los derechos sin recursos pueden quedarse solamente en el discurso; la deuda histórica con los pueblos originarios requiere acciones concretas".
Finalmente, abogó por una justicia electoral con perspectiva intercultural que respete los sistemas normativos internos y fortalezca la democracia estatal.
Durante el acto inaugural, señaló que estos espacios permiten a la ciudadanía y a la academia evaluar el desempeño del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos. En su intervención, enfatizó que los derechos no son concesiones, sino conquistas que deben protegerse activamente desde las instituciones y la sociedad civil.
"Es a través de estos diálogos que sobre todo la ciudadanía y la academia pueden advertir si efectivamente se está cumpliendo este cambio que tanto queremos. (...) Es producto de la justicia social; sin justicia social no puede haber paz social".
Espinosa Betanzo abordó los retos cotidianos que enfrentan las comunidades, como el acceso a servicios básicos y la validez de sus sistemas normativos internos.
Subrayó que la reforma de 2024, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, marca una transformación profunda en la estructura social de México.
Expuso casos recientes analizados por la SCJN, destacando que el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho obliga a todas las autoridades del estado mexicano a garantizarlos, independientemente de que existan o no normativas federales, locales o generales específicas en la materia.
Por su parte, Arlen Siu Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), destacó que la institución mantiene una visión de democracia incluyente y de puertas abiertas. En su mensaje, subrayó que la representación indígena es el resultado de décadas de lucha colectiva para transitar de un reconocimiento simbólico a uno como sujetos plenos de representación política.
"La representación política no puede ser completa si no es incluyente; la democracia solo alcanza su plenitud cuando reconoce la diversidad", señaló.
Resaltó principios como el pluralismo cultural y la libre determinación, reafirmando el compromiso del Tribunal de garantizar mecanismos efectivos de participación y una justicia electoral sensible a los contextos y sistemas normativos internos de los pueblos originarios mexiquenses.
Mientras que, Berenice Dávalos Vázquez, presidenta de la Sala Regional Toluca del TEPJF, reconoció la persistencia de los liderazgos indígenas en la lucha por sus derechos, explicó que el encuentro busca establecer un diálogo directo con representantes municipales para conocer sus desafíos ante los ayuntamientos y difundir herramientas de defensa jurídica y política.
"Es sumamente valioso y enriquecedor escucharlos desde la sala regional, también es importante encontrar las sinergias y los vínculos y las conexiones con todas las autoridades", afirmó.
La magistrada enfatizó la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen en comunión y generen sinergias para eliminar los obstáculos que enfrentan las comunidades originarias, promoviendo una justicia electoral efectiva que trascienda el ámbito administrativo y garantice sus derechos humanos.
El Coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Uaemex, informó que el encuentro busca generar un espacio de diálogo técnico y académico, por lo que, subrayó la importancia de las mesas de trabajo para analizar la situación de estas poblaciones.
"Deseamos se den las mejores exposiciones temáticas y desde luego que sus conclusiones contribuyan a que se propongan más y mejores políticas públicas en la materia". El objetivo final, refirió, es que los análisis realizados por los especialistas y autoridades deriven en propuestas concretas para mejorar la administración pública estatal.
En su oportunidad, Ausensio Valencia Largo, presidente del Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México, destacó la reciente reforma local que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y autonomía. No obstante, demandó que las leyes secundarias sean consultadas directamente con las comunidades y exigió la asignación de presupuestos justos para que los derechos se traduzcan en acciones concretas.
"Exigimos un presupuesto digno y justo porque los derechos sin recursos pueden quedarse solamente en el discurso; la deuda histórica con los pueblos originarios requiere acciones concretas".
Finalmente, abogó por una justicia electoral con perspectiva intercultural que respete los sistemas normativos internos y fortalezca la democracia estatal.
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