Más de 1.6 millones de menores sufren explotación y abuso sexual digital en México

 

De acuerdo con el informe global ‘Disrupting Harm México’, presentado en el Congreso del Estado de México por José Antonio Ruiz Hernández, oficial nacional de protección a la infancia de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, en el país, la magnitud de la violencia digital que enfrentan las infancias y adolescencias.

“La violencia a la que están expuestas las niñas, niños y adolescentes no reconoce o no se caracteriza a un solo ámbito de su desarrollo, podemos encontrar desde la violencia que se presenta en el ámbito familiar, en el país a nivel nacional uno de cada dos niños ha sufrido alguna forma de castigo corporal y de violencia física o psicológica como parte de su crianza, podemos encontrar también la violencia que se puede desempeñar en el ámbito comunitario; Y por eso podemos observar las cifras relacionadas con desapariciones, homicidios de niños y de niñas, desplazamientos. Podemos encontrar la violencia que se vive en el ámbito escolar.”

El estudio, desarrollado durante los años 2024 y 2025 y sistematizado en 2026, forma parte de una iniciativa internacional realizada en 19 países, siendo México uno de los únicos cuatro de América Latina y el Caribe en contar con estos datos estandarizados junto a Brasil, Colombia y República Dominicana.

Entre los principales hallazgos, se informó que, el 13% de las niñas, niños y adolescentes en México de entre 12 y 17 años han sido víctimas de alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante el último año, esta cifra equivale a 1 millón 600 mil menores de edad afectados en el país.

Relató que, el abuso no es un hecho aislado: el 47% de las víctimas sufrió más de un incidente de explotación o abuso sexual digital; las tres formas más comunes de agresión reportadas son: recibir imágenes sexuales no deseadas, solicitudes para compartir fotos o videos de sus partes íntimas, y ofertas de dinero o regalos a cambio de este tipo de material.

Contrario a la creencia popular de que los agresores son desconocidos detrás de una pantalla, los datos revelan una realidad distinta, ya que, en el 64% de los casos, el agresor era una persona conocida por la víctima, principalmente amigos, parejas, novios o un adulto de la familia; mientras que solo en el 15% de los casos el agresor era un desconocido. Aunado a ello, el 60% de las víctimas reportó que el primer contacto con su agresor ocurrió dentro del ámbito escolar.

Durante la exposición, Antonio Ruiz detalló que las redes sociales y los servicios de mensajería son las principales vías de explotación, siendo la red social Facebook, quien encabeza la lista, concentrando el 52% de los casos de abuso reportados; WhatsApp se ubica como el segundo espacio con mayor incidencia, seguido por Instagram; y los videojuegos en línea ya representan el 4% de los casos facilitados por la tecnología.

El estudio evidencia una grave brecha en el acceso a la ayuda y la justicia, pues, 1 de cada 3 menores que representan aproximadamente el 33%, no le contó a nadie lo sucedido, sólo el 2% de las víctimas acudió a servicios formales de apoyo como instituciones públicas, y menos del 1% utilizó una línea de ayuda telefónica.  Entre los motivos para no buscar ayuda, destaca que el 28% no sabía a dónde acudir, el 24% recibió amenazas del agresor y el 21% desconocía que este tipo de actos se podían denunciar.

Ante lo anterior, señaló que el impacto psicológico de la violencia virtual es tan real y severo como el de la violencia física, ya que las víctimas de abuso y explotación sexual en línea tienen 15 veces más ideación suicida que quienes no han vivido esta situación; asimismo, presentan hasta un 12% más de probabilidades de desarrollar trastornos alimenticios debido al estrés y el temor.

Finalmente, refirió que el análisis legislativo federal del estudio identificó importantes brechas, por ejemplo, la transmisión en vivo de abusos sexuales infantiles no está explícitamente tipificada como delito en el ámbito federal, además, mientras que las empresas de telecomunicaciones están obligadas a conservar los datos de los usuarios por 24 meses para fines de investigación, las plataformas en línea no tienen ninguna obligación regulatoria de este tipo.

El informe, promovido conjuntamente por Ecpat Internacional, Interpol y Unicef, concluye con un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para asumir una responsabilidad compartida y coordinada que permita proteger de manera efectiva a la niñez en el entorno digital.