El
Congreso mexiquense analizará una iniciativa para establecer en la Constitución
local la garantía de los derechos a una pensión para las personas con
discapacidad permanente menores de 65 años, así como todas las adultas mayores;
el acceso a una vivienda adecuada; la entrega de un jornal seguro, justo y
permanente a personas trabajadoras del campo; y un apoyo anual directo a
personas productoras y a quienes se dediquen a la pesca (ambos en pequeña
escala).
A
través de la Diputación Permanente, la LXII Legislatura mexiquense recibió la
propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la cual también contempla la
prestación de servicios de rehabilitación y habilitación para las personas con
discapacidad permanente, dando prioridad a niñas, niños y adolescentes.
El
documento, expuesto durante la sesión por el legislador Héctor Raúl García
González (PVEM), explica que, respecto al derecho a una vivienda adecuada, se
propone que el Estado garantice de manera progresiva los instrumentos y apoyos
necesarios, tales como esquemas flexibles y accesibles, ante las limitaciones
que enfrentan las juventudes para cubrir los costos de una renta digna, así
como la falta de historial crediticio y de garantías financieras.
En
cuanto al jornal (salario) para personas trabajadoras del campo, se especifica
que es por cultivo en sus tierras con árboles frutales, maderables y especies
que requieren ser procesadas, mientras que el apoyo para productores también
incluye la entrega de fertilizantes.
La
propuesta prevé que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios
necesarios y suficientes, con oportunidad y conforme al principio de
progresividad, para garantizar los derechos establecidos en la Constitución que
impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población, además de
que establece que el monto de los recursos asignados no podrá disminuirse, en
términos reales, respecto de lo asignado en el ejercicio fiscal inmediato
anterior.
De
igual manera, señala que las pensiones no contributivas son un mecanismo
esencial para garantizar el bienestar, pues se trata de prestaciones económicas
destinadas a personas que carecen de recursos suficientes para subsistir,
asegurando ingresos mínimos a sectores vulnerables y son especialmente
relevantes para personas adultas mayores y personas con discapacidad
permanente, quienes deben ser protegidas por el Estado para garantizar su
calidad de vida.
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