Promueve Congreso local protección del suelo por erosión y degradación

Para proteger al suelo, cuya degradación y erosión afectan la producción alimentaria y los ciclos hídricos, la LXII Legislatura mexiquense ha aprobado reformas que contribuyen a evitar el deterioro de la tierra, mediante el combate a la tala ilegal; el fomento de la agricultura sostenible; la regulación de los sistemas antigranizo y avionetas antilluvia, así como el establecimiento de las bases legales para salvaguardar al medio ambiente y, en su caso, resarcir cualquier daño.

En el marco del Día Internacional de la Conservación del Suelo, que se conmemora cada 7 de julio, cabe señalar que la deforestación es uno de los factores que más influyen en la degradación de las superficies, haciéndolas más susceptibles a la erosión, lo que afecta su fertilidad y puede provocar deslizamientos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Por lo anterior, y para disuadir y reducir las conductas delictivas medioambientales, el Congreso mexiquense aprobó penas de hasta 20 años de prisión y mil 500 días multa para quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques.

Mediante esta reforma (que conjuntó iniciativas de la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina -PVEM- y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez), se consideran agravantes por diferentes motivos, los cuales pueden acumular penas de hasta 110 años de prisión.

En el entendido de que (según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) una agricultura sostenible permite satisfacer las necesidades de la sociedad y garantizar la rentabilidad y la salud ambiental (incluida la del suelo), también se avaló el impulso de estos sistemas de producción alimentaria en los municipios, vinculando esfuerzos gubernamentales, ciudadanos y empresariales.

Con esta reforma, impulsada por la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador parlamentario del PAN, también se garantiza el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de los ecosistemas.

De igual forma, para evitar desequilibrios ecológicos e impactos negativos al medio ambiente, se avaló la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya aplicación requerirá un permiso o, de lo contrario, habrá sanciones de hasta seis millones 222 mil 700 pesos (55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente), conforme a la reforma que conjuntó las iniciativas del PVEM, del legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), de la diputada Leticia Mejía García (PRI) y de la gobernadora.

Asimismo, se incorporó la figura de ‘Patrimonio Natural y Biocultural’ en el marco jurídico, con lo que se busca la ampliación del catálogo de espacios naturales protegidos, así como fortalecer su prevención, conservación y restauración, y fomento de su uso sostenible.

Con la reforma, promovida por la diputada Susana Estrada Rojas (morena) y el Grupo Parlamentario del PVEM, este conjunto de áreas naturales ahora es objeto de protección legal, al reconocer este patrimonio como base para el desarrollo sostenible, la justicia ambiental y la equidad intergeneracional.

Por otro lado, entre las minutas de reforma a la Constitución Nacional aprobadas que también protegen la agricultura sostenible, destaca la que otorga un jornal seguro, justo y permanente a personas campesinas que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras de pequeña escala.

Además, la que establece que el cultivo de maíz, en el territorio nacional, debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas.

En cuanto a las iniciativas en estudio, resaltan la propuesta de la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM), para incrementar los pagos anuales de servicios forestales por cada hectárea protegida, ampliar el alcance de los territorios elegibles y mejorar la gestión de los fondos, así como la de su compañera de bancada, la legisladora Vanessa Linares, para que los 125 municipios elaboren un catálogo de especies nativas o propias al ecosistema de cada región, que sirva de base para llevar a cabo programas de reforestación.

Igualmente, las propuestas de la diputada Leticia Mejía, para dotar a las autoridades estatales de facultades para combatir la tala ilegal y mejorar la coordinación de acciones, y de la parlamentaria Maricela Beltrán Sánchez (MC), para establecer sanciones desde 22 mil 628 pesos hasta 565 mil 700 pesos (200 a 5000 Unidades de Medida y Actualización), cuando se derribe un árbol para hacer visible un anuncio o facilitar su instalación, o el árbol tenga valor patrimonial, entre otros casos, montos que podrán elevarse al doble en situaciones de reincidencia.

Con estas reformas, el Estado de México da un paso crucial hacia la protección de los recursos naturales, garantizando un futuro más sostenible y equitativo para las generaciones venideras.