De acuerdo con el diputado Octavio Martínez, el Estado de
México se posiciona a la vanguardia en el país con la aprobación de una
iniciativa que establece una Comisión permanente para la amnistía, medida que busca
corregir errores y fabricaciones de delitos, garantizando la libertad de
personas inocentes.
La amnistía beneficiará a individuos con enfermedades
crónicas degenerativas, mujeres condenadas sin una evaluación técnica y
jurídica adecuada, y miembros de comunidades étnicas cuyos derechos procesales
fueron violados.
“Hoy eh se habla de personas que tienen una enfermedad
crónica degenerativa que están internos y que están saliendo y entrando y
saliendo y entrando a que no tiene ninguna lógica que estén reconocidos. No
existe ninguna otra legitimación y se está pagando, se está reconociendo con
una perspectiva de derechos humanos. A mujeres que han sido condenadas sin una
sin una evaluación técnica y jurídica por culpa de género o violando sus
derechos humanos, también podrán ser solicitantes de amnistía”, señaló el
diputado.
La Defensoría Pública del Estado será clave, encargada de
elaborar dictámenes, subsanando deficiencias previas de la Comisión de Derechos
Humanos; Así, la Comisión Permanente deberá crearse en un plazo de 15 días, por
lo que, los ciudadanos podrán presentar sus solicitudes a la Defensoría Pública
incluso antes de su plena operatividad.
Esta iniciativa reconoce la responsabilidad del gobierno y
prioriza el derecho constitucional a la libertad, no buscando liberar
delincuentes, sino a quienes se les fabricaron delitos con pruebas claras.
“¿Qué reconoce el gobierno con cabeza la ministra del fisco?
Un gran sentido de responsabilidad y de reconocer inconsistencias procesales
del gobierno. Y que te pone por encima de todo el derecho a la al derecho
constitucional a la libertad. Entonces, bueno, no se trata de poner en libertad
a delincuentes. Trata de poner en libertad gente que se le fabricó delitos y
que existen pruebas claras, procesales”.
Aunque no hay una estimación precisa, dijo que se espera que
un número significativo de personas se beneficien, pues calcula que cuatro de
cada diez personas sentenciadas, aproximadamente 6 mil individuos, podrían
calificar. Las opciones para presentar peticiones incluyen la Defensoría
Pública, el Poder Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos. Se buscará
incrementar el presupuesto de la Defensoría Pública para afrontar esta tarea.
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