Ante problemas al interior de las instituciones por hostigamiento y acoso sexual contra funcionarias públicas, la diputada Mónica Álvarez Nemer, presentó una iniciativa para proteger a las personas servidoras públicas en estos casos con reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Entre las razones por las cuales presentó la
iniciativa destacó que, cuando la servidora pública presenta la demanda o una
queja al interior de la institución donde labora, es la funcionaria quién es
removida a otra área de la Institución, con el fin de dar solución al caso, sin
embargo, la persona que acostó o qué hostigó a la mujer, se mantiene en su
cargo, lo que además, hace parecer que es sancionada la servidora pública que
presentó la queja, en lugar del infractor.
Al respecto, durante la reunión de trabajo de los
diputados, el magistrado Octavio Martínez Quijada del Tribunal de Justicia
Administrativa habló a los legisladores de la sexagésima legislatura sobre los
retos y las áreas de oportunidad que tiene esta iniciativa.
Otro de los retos importantes y donde se puede ver
una oportunidad tiene es aquellas que tiene que ver con la temporalidad en las
sanciones.
Por lo anterior recordó que hay paradojas a las que
se tienen que enfrentar, sin embargo, reconoció que la iniciativa incorpora la
perspectiva de género, amplía supuestos y sanciones, por lo que el Tribunal
está a favor de crear acciones afirmativas que apoyen a las servidoras públicas.
Además recordó que el Estado de México tiene un
avance importante en sanciones por faltas administrativas graves, y en cuanto
al hostigamiento y acoso sexual desde el 2016 solo el estado de México ha
tenido avances, pues actualmente es un tema que apenas se discute al nivel
nacional.
Aunado a ello Javier De Jesús Domínguez González,
de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, advirtió sobre
las probables inconstitucionalidades que pudiera tener la iniciativa, ya que
las Leyes Generales son las que determinan si las entidades en su autonomía
pueden tener injerencia en las faltas administrativas graves, por lo que los
diputados seguirán analizando el tema en favor de las mujeres servidoras
públicas.
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La iniciativa se discute en la Procuración
y Administración de Justicia (Foto: redes Legislatura).
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