El Congreso del Estado de México recibió la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en materia de Extorsión y Delitos Vinculados. El proyecto tiene como objetivo establecer un marco normativo para la prevención, persecución y sanción de estas conductas mediante el fortalecimiento de la estructura institucional estatal.
La iniciativa contempla reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Según el documento presentado por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida, la propuesta busca articular acciones entre los tres órdenes de gobierno bajo un enfoque de derechos humanos y el principio pro persona.
El proyecto plantea la creación de dos entes especializados para la operatividad de la ley:
* Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados: Un órgano colegiado permanente encargado de la planeación estratégica, seguimiento y evaluación de políticas públicas, con participación de sectores sociales y académicos.
* Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro: Institución que contará con personal capacitado y certificado bajo los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se establece que la Secretaría de Seguridad estatal operará un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, orientado a reducir la cifra negra y facilitar la canalización de reportes.
Debido a que el Congreso de la Unión posee la facultad exclusiva para legislar en la tipificación penal de la extorsión, la propuesta sugiere derogar el artículo 199 Bis del Código Penal local.
El documento técnico aclara que:
“Las entidades federativas solo están autorizadas para armonizar su legislación y regular aspectos relacionados con la coordinación, prevención y persecución del delito, pero no pueden crear, reproducir, modificar ni ampliar tipos penales cuya definición sustantiva corresponde exclusivamente al legislador federal”.
Con esta medida, las conductas anteriormente clasificadas como delitos contra el consumo en la entidad quedarían integradas en el tipo penal de extorsión vigente a nivel nacional, evitando así conflictos de competencia jurídica.
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